Cancún: sol, playa y…¿Brutalidad policial?

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En un mundo ideal, la policía es una institución que mantiene la paz social y garantiza el bienestar de sus habitantes, siguiendo un estricto código de conducta y estando sujeta a mecanismos de vigilancia y evaluación externa.
En México, las policías son instituciones complejas, que ejercen la violencia del estado sin un marco legal apropiado para hacerlo, carecen de controles para evitar infiltración,  corrupción o abusos contra ciudadanos, y tienden a una inercia institucional que solapa la actuación brutal y arbitraria.
El modo en el que la policía de Quintana Roo dispersó con disparos de armas largas a una protesta que exigía justicia para una víctima de feminicidio es algo inaceptable, que debe terminar en sanciones y castigos para los funcionarios involucrados en el hecho.
Sin embargo, también es un reflejo de todos los problemas estructurales en el actuar de las policías en México.
¿En qué juicio parece remotamente buena idea disparar a una manifestación que exige justicia por el feminicidio de una joven?
En el juicio de quien no enfrenta consecuencias por sus acciones.
De acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, Quintana Roo fue el quinto estado con mayor número de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados contra sus servidores públicos, con 245 procedimientos iniciados en 2019; pero de acuerdo a los datos de esa misma encuesta, solo 13 servidores públicos fueron sancionados como resultado de los procedimientos de responsabilidad administrativa.
¿Acusaciones falsas, o impunidad institucionalizada? Posiblemente impunidad, pues la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana muestra que los habitantes de Cancún confían menos en sus instituciones policiales que la media del país, seguramente influenciados por la falta de resultados en materia de seguridad pública y encuentros con autoridades que no se preocupan en servir y proteger.
Estos datos nos sugieren un escenario en el que la institución policial de Cancún no mantiene una relación positiva con sus habitantes y tiene una lentitud institucional para corregir los comportamientos nocivos que incentiva una actuación policial arbitraria y excesiva.
Sin embargo, esto va más allá de las instituciones en Cancún. Más allá de los colores de los gobernantes, existe un diseño legal, institucional y operativo que permite a las policías ejercer violencia sistemática contra la población que debería cuidar.
En toda institución de seguridad mexicana existe una omisión constante que permite el abuso policial: la falta de cuerpos de supervisión externa y civil.
Después de revisar el caso Atenco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la creación de un organismo de supervisión externa policial externa, para mejorar la rendición de cuentas respecto al uso de la fuerza y la actuación policial en lo que era la extinta Policía Federal.
Hasta la fecha, no se ha creado ese organismo en la Guardia Nacional, que sería sucesora de la Policía Federal; y no existe indicios que haya interés en crear organismos equivalentes en los niveles estatales o municipales.
Sin supervisión civil y externa, las instituciones policiales tienen incentivos para protegerse entre sí mismos, barrer bajo el tapete las quejas de arbitrariedades y minimizar prácticas que son abiertas violaciones de derechos humanos.
El marco legal existente tampoco es particularmente útil para garantizar que las instituciones policiales no actúen de modo arbitrario ni excesivo.
La ley nacional del uso de la fuerza, por ejemplo, está centrada en regular el uso de los instrumentos que utilizan las corporaciones policiales y no en regular el uso de la fuerza a través de mediciones técnicas y científicas.
Además, a diferencia de otras legislaciones, la ley del uso de la fuerza evita definir las sanciones en las que pueden incurrir quienes usen el armamento policial de manera excesiva.
El resultado es un modelo que en la práctica está centrado en el uso de las armas y cuyos excesos se diluyen en la marea de tecnicismos legales que es el ordenamiento jurídico mexicano.
El diseño operativo de nuestros cuerpos de seguridad también garantiza que la actuación arbitraria sea más factible que el actuar conforme a la ley.
Lo que pasó en Cancún no se puede entender sin considerar que la policía municipal está adscrita al mando único policial del estado de Quintana Roo. Este tipo de mandos, en teoría deberían privilegiar la centralización de las decisiones y el deslinde de las responsabilidades.
En la práctica, crean escenarios donde la descoordinación puede llevar a desastres. Tanto el gobernador de Quintana Roo como la presidenta municipal de Cancún se deslindaron de la orden de los disparos, aduciendo que es responsabilidad de alguien más.
Una vez que queden castigados el responsable directo de dirigir el operativo y los miembros involucrados en la represión, ¿En quién debemos fincar exactamente la responsabilidad? ¿En la autoridad que tiene el mando central de la seguridad del estado, o en la autoridad que abandonó su responsabilidad de mantener el control de la seguridad en su municipio?
Estos problemas, más la miríada de deficiencias que no están listadas aquí, llevan a un incentivo perverso para los representantes populares: no hay interés en entrar a la discusión política sobre seguridad.
En un país con una tasa de homicidios 5 veces superior a la tasa internacional, el tema de la reforma policial no es una prioridad política porque sus costos y riesgos asumen sus potenciales beneficios.
En el mejor de los casos, invertir en mejorar las corporaciones de seguridad rendirá frutos en el largo plazo, pero exige enfrentarse en el corto plazo al comportamiento inercial de las instituciones policiales, que se mantienen herméticas, plagadas de relaciones de complicidad, con deficiencias significativas en capital humano y recursos materiales.
Además, el riesgo político de centrar el proyecto en mejorar la seguridad implica que en caso de crisis existe la posibilidad de perder la confianza del electorado.
Las policías, junto a las demás instituciones de seguridad mexicanas, no van a cambiar por si mismas ni por la iniciativa de los representantes populares.
Para evitar otro acto de represión como el sucedido en Cancún, no solo tenemos que apostar en mejorar la calidad técnica de las propuestas, sino que tenemos que volver la seguridad en un tema de discusión público. Sin el interés y las exigencias de un electorado por mejores policías, los proyectos de reforma quedarán en buenas intenciones.

Jorge Kahel Ruizvisfocri Virgen


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