Disputas y tensiones por el agua en México

Juanalberto Meza Villegasseptiembre 12, 2020620
12-09-20 Agua mexico Web

En México existe el reconocimiento constitucional del Derecho Humano al Agua desde el 2012 como parte de la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este derecho establece que cada individuo debe tener acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, algo sumamente importante en un país donde prevalece la desigualdad.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha avanzado en la implementación de este derecho, pues no se ha reformado adecuadamente la Ley de Aguas Nacionales. ¿Cuál es la razón?

Es necesario comprender que el agua, más allá de ser una condición insustituible para la vida, es también un elemento de gran valor para la producción en distintos sectores. Es, en términos generales un recurso estratégico para el desarrollo de un territorio, tanto en espacios urbanos como rurales.

Por este motivo, el control de las concesiones, así como de la infraestructura, que permite utilizar el agua de manera productiva, se vuelve un objeto de disputa entre diferentes grupos. A estos, no les interesa modificar la forma en que actualmente se administran las aguas del país, pues la actual figura de las concesiones (permitidas por 30 años y con posibilidad de renovarla por otro periodo idéntico) es bastante beneficioso y compatible con sus proyectos pues incluso se permite intercambiar y ceder los derechos sobre las concesiones, generando así un mercado informal de agua que prevalece desde hace años.

¿Qué intereses están en juego?

Recientemente ha salido a la luz un reportaje de Contralinea donde se exponen diferentes nombres de funcionarios que ocupan cargos y puestos centrales en la CONAGUA, la secretaria que concentra todos los temas relacionados con el agua superficial y subterránea en México. Entre esos nombres se destacan personajes que se desempeñaron en diferentes ámbitos del sector público durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto durante los cuales hubieron cambios importantes en la materia, que profundizaron la estrategia neoliberal implementada en el sector desde la década de los noventas.

Por ello, argumentamos que el principal motivo para que no se haya implementado una nueva legislación tiene que ver con los diferentes intereses que existen detrás de la estructura de control y administración de las fuentes de agua y la infraestructura hídrica.

Debido a su importancia estratégica, hay quienes no quieren abrir el sector a la participación y vigilancia ciudadana, quieren ampliar su influencia o, en el peor de los casos, mantener las cosas como hasta ahora.

En este sentido, actualmente, existe una gran diversidad de propuestas que pretenden ser incorporadas a la legislación. Hay un conjunto de iniciativas de ley (dos de la bancada de Morena, una del PT, otra del Grupo Parlamentario del PAN y una propuesta ciudadana elaborada por el colectivo Agua para Todos, Agua para la Vida) que están siendo sometidas a debate. Cada una de ellas supone valoraciones y miradas distintas sobre cómo se debe gobernar el sector hídrico. 

Lo que es una realidad es que cualquier ley que se promulgue deberá comprender y atender la complejidad de los problemas hídricos que prevalecen en el país, muchos de los cuales están asociados a la forma en que se concesiona al agua a grandes empresas mientras que se desatienden las necesidades de la población. Podemos mencionar como ejemplos muy puntuales de estas disputas el caso de la Coca-Cola en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; la cervecería Constellation Brands en Baja California; Enerall en la Península de Yucatán, entre otros.

Incertidumbre… ¿Qué podemos esperar en el contexto actual?

Hay motivos para pensar que difícilmente se implementarán grandes cambios a la estructura del sector hídrico del país. Esto en vista de la renuncia de Víctor Toledo de la SEMARNAT y el manejo que se ha dado a conflictos hídricos, como en el caso de las presas de almacenamiento en Chihuahua.

A ello hay que añadir el panorama político que se plantea para el 2021 con las elecciones intermedias, con lo que existe la posibilidad de que el tema del agua pase a segundo término, una vez más, manteniendo una dinámica favorable a los concesionarios de importantes volúmenes del vital líquido en el país.

Por ello es importante no desatender el tema y seguir de cerca el proceso legislativo, y de esta forma, exigir como ciudadanos un modelo de toma de decisiones del agua que sea más abierto e integral, que considere las especificidades geográficas de cada zona del país. Más aun en un contexto de cambio climático y de contingencia sanitaria que afecta a los sectores más vulnerables.

Juanalberto Meza Villegas


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