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Desigualdad, pobreza y narcotráfico en Guerrero

El problema del rezago social en Guerrero es una historia de toda la vida.

Ya desde los primeros años de vida del México independiente, a este estado lo caracterizaron la pobreza, las enfermedades y la incomunicación con el resto del país. La prosperidad económica le llegaba por aquel entonces de la minería y el comercio ultramarino, pero ésta se concentraba casi exclusivamente en las zonas de Taxco y Acapulco.

El siglo XIX dio paso al auge de los cacicazgos en la región, y las fronteras culturales y raciales que definirían los límites geográficos del desarrollo económico se hicieron presentes ya desde aquella época: “la sierra para el indio, la costa para el mulato y el negro, el real de minas para el blanco” (Illades, 2011, p.12). No sería hasta mediados del siglo XX, con la entrada en escena del alemanismo, que comenzaría el despegue de la industria turística, lo cual atrajo olas de migración interna desde el centro hacia la periferia. Pero tal como se dio en el siglo XIX, los beneficios económicos se concentraron en apenas un puñado de ciudades, dejando fuera del impulso desarrollista a la gran mayoría del estado.

Actualmente hay zonas de la costa guerrerense donde es común encontrar propiedades valuadas en varios millones de dólares, pero la mayoría del estado sigue inmerso en la pobreza y la precariedad. Según cifras del CONEVAL (2018), 69.5% de los guerrerenses viven en pobreza mientras que 38.6% lo hacen en pobreza extrema, además de que estas proporciones han permanecido prácticamente las mismas desde hace más de una década. Pero estos números aumentan si atendemos exclusivamente a la población indígena del estado (17.2% de los habitantes), la cual se concentra mayoritariamente en la zona de La Montaña, y que en 2015 reportaba un impactante 85.1% de personas viviendo en condiciones de pobreza, y un 44.1% en pobreza extrema (CONEVAL, 2019).

No mucho ha cambiado desde entonces: los indígenas de Guerrero permanecen sin acceso a la educación, la vivienda y el empleo dignos. En municipios como Cochoapa el Grande, la gente se muere de diabetes, hipertensión y tuberculosis, sin haber recibido nunca atención médica, dentro de casas con techo de lámina y piso de tierra, erguidas en medio de pueblos sin caminos ni drenaje, ni clínicas ni escuelas, ni agua potable ni más alimento que tortillas con salsa (Rivera y Nácar, 2019).

Por otro lado, el crecimiento de los grupos de crimen organizado en el estado ha venido a crear un auténtico infierno en la tierra para miles de pobladores. Ya desde la década de 1970, Guerrero se posicionó como un importante productor de enervantes a nivel nacional, principalmente de marihuana y amapola. Sin embargo, durante aquellos años, en Guerrero al igual que en todo México, la presencia y actividad de redes de narcotráfico no iba asociada con niveles descomunales de violencia, pues las cláusulas no escritas del pacto entre grupos criminales, incluían la moderación de la violencia pública y la abstención de agresiones directas en contra de la población civil. Pero a medida que los distintos grupos se consolidaron en cárteles, y estos crecieron en tamaño, fuerza y recursos, dichos acuerdos se fueron deteriorando, en detrimento directo de los moradores de las regiones bajo su dominio.

Desde 2011, la amapola desplazó a la marihuana como el cultivo ilegal más importante del país, y gran parte de ésta se cultiva justamente en Guerrero, dentro un área del tamaño de Haití que se conoce popularmente como “El pentágono de la amapola” (Grecko y Grecko, 2015). El pentágono es una zona en permanente disputa entre los grupos criminales que operan en la región, en la cual el Estado parece prácticamente no existir, si bien sus límites se encuentran custodiados por distintos batallones de infantería pertenecientes al ejército mexicano.

Al interior subsisten principalmente comunidades de campesinos en extrema pobreza, orilladas por las circunstancias a incorporarse a la economía de la droga. No obstante, el epicentro de las operaciones criminales es la ciudad de Iguala, ya que su posición geográfica le otorga un rol estratégico en el envío y la distribución de los narcóticos hacia el norte del país, y hacia la frontera con Estados Unidos. Por este motivo, no es de sorprender que ahí ocurriera la trágica desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la cual, tristemente, fue apenas un capítulo dentro de la larga saga de desapariciones forzadas y asesinatos que han ocurrido, y siguen ocurriendo en Guerrero (Hernández, 2020).

 ¿Qué hacer entonces, para frenar esta espiral de muerte y miseria? Primero que nada, hay que entender que una problemática tan compleja, no puede enfrentarse exclusivamente a nivel regional: se necesita de una estrategia nacional e integral, que embista el problema desde distintos frentes. El gran talón de Aquiles de la estrategia federal de combate al crimen organizado desde hace más de una década, ha sido precisamente su unilateralidad, pues se ha enfocado exclusivamente en una serie de medidas represivas, como operativos militares o persecución y arresto de miembros del crimen organizado, mientras que ha dejado intacto el entramado patrimonial de los cárteles, por lo que estos simplemente han respondido al fuego con más fuego: a mayor número de soldados y operativos, mayor corrupción y mayor violencia. Además, las acciones que fueron implementadas por el Estado mexicano a partir de 2007, no vinieron acompañadas de las sanciones judiciales correspondientes; en otras palabras, el 99% de las detenciones no terminaron en sentencia (Buscaglia, 2011).

El panorama varió poco durante la década siguiente: se mantuvo la militarización del país y el número de muertes siguió incrementando. El énfasis que se ha puesto sobre el empleo de la policía y el ejército —y ahora, sobre la Guardia Nacional— como herramienta principal de combate al crimen organizado constituye, a todas luces, un enfoque anticuado ante la realidad actual de los cárteles, los cuales se han ido expandiendo a un gran número de países, y han diversificado sus ramas de actividad, pasando del tráfico de drogas al tráfico de armas, la trata de personas, el cobro de piso y el lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas remuneradas, sin mencionar sus actividades lícitas, que también son una fuente de ingreso.

Pero, ¿a dónde asirnos para poder apreciar de forma cabal los múltiples ejes de los que debe conformarse una estrategia efectiva de combate al crimen organizado? Un buen lugar para comenzar sería voltear la mirada a aquellos países que han estado ya en una posición similar a la nuestra, y que han logrado, no sin mucho esfuerzo y sacrificio, ir saliendo poco a poco del atolladero. Tales experiencias se encuentran recogidas en la llamada “Convención de Palermo” (Naciones Unidas, 2004), la cual, grosso modo, nos presenta cuatro medidas fundamentales, que al ser aplicadas de forma simultánea, han conseguido enfrentar, o al menos contener, a la delincuencia organizada (Buscaglia, 2011):

  1. Sanción judicial efectiva. Se requiere de la aplicación de sanciones judiciales efectivas dentro de un Estado de derecho que vele por un puntilloso respeto a los derechos humanos, tanto para víctimas como para imputados. Esto es clave para que la ciudadanía comience a percibir a la autoridad como legítima, y acceda a colaborar con ella aportando material probatorio, que ayude a los órganos de justicia a construir casos sólidos contra los delincuentes, mismos que redunden en sentencias condenatorias.
  2. Prevención social. Es preciso atender los factores de riesgo que orillan a niños y adolescentes al crimen, muchos de los cuales están ligados a elementos como el nivel de escolaridad, la presencia de adicciones, la disfuncionalidad familiar y la violencia barrial. Para esta labor es necesaria una alianza entre Estado y sociedad civil, por medio de la cuál distintas asociaciones civiles puedan enfrentar estas problemáticas con un entramado institucional público que las respalde.
  3. Prevención de corrupción política. Los principales partidos políticos deben llegar a un acuerdo interno para autopurgarse de elementos corruptos, y así prevenir la infiltración de la delincuencia organizada en campañas electorales, y en el ámbito político en general. Pueden tomarse como referencia situaciones similares que se han dado en otras latitudes, como la serie de reformas derivadas del movimiento de Manos Limpias (Fiorino, Galli y Goel, 2019) en la Italia de los noventa.
  4. Desmantelamiento patrimonial. Los grupos criminales trasnacionales realizan buena parte de sus actividades dentro del sector formal-legal de la economía. Los negocios de lavado de dinero, las flotillas de transporte de contrabando (de personas, armas o drogas), las bodegas de almacenamiento… pertenecen todos a empresas legalmente constituidas. Hay que identificarlas y desmantelarlas.

Sin la aplicación de —al menos— estas cuatro medidas, será muy difícil lograr avances en la contención del crimen organizado en nuestro país, por lo que tememos que la violencia seguirá escalando hasta niveles insospechados. Mientras no se contemple el problema de la delincuencia organizada en todas sus aristas, y se elabore una estrategia integral que las ataque de forma simultánea y precisa, el combate a los cárteles en México continuará produciendo más problemas de los que alcanza a resolver.

Texto por: Lomitas Politizadas

Referencias

Buscaglia, E. [Casa de América] (17 de junio de 2011). Paradoja de la represión: la impotencia del Estado ante la delincuencia organizada y la corrupción [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Mg20OkOA8Nc&t=3s

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2018). Medición de pobreza 2008-2018, Guerrero. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/PublishingImages/Pobreza_2018/Serie_2008-2018.jpg

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2019). La pobreza en la población indígena de México, 2008-2018. Recuperado de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_Poblacion_indigena_2008-2018.pdf

Grecko, T. (productor) y Grecko, C. (director). (2015). Mirar morir. El ejército en la noche de Iguala [documental]. México: Ojos de Perro vs. la Impunidad.

Hernández, A. (20 de enero de 2020). Alarma por desapariciones y fosas clandestinas en Guerrero. Contralínea. Recuperado de https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/01/20/alarma-por-desapariciones-y-fosas-clandestinas-en-guerrero/

Illades, C. (2011). Guerrero. Historia breve. México: Fondo de Cultura Económica.

Fiorino, N., Galli, E. y Goel, R. (2019). Dimensions of civic activism and their effectiveness in exposing corruption: evidence from Italy. Applied Economics, 51 (7), pp. 663-675, DOI: 10.1080/00036846.2018.1506086

Naciones Unidas. (2014). Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional y sus protocolos. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

Rivera, J. A. y Nácar, J. (21 de marzo de 2019). Cochoapa: Donde morir es redundante. Eje Central. Recuperado https://www.ejecentral.com.mx/cochoapa-donde-morir-es-reduntante/#documental

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