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Entre legalidad y legitimidad

*Por Ramon Leyva

Constellation Brands es una empresa productora y distribuidora de cerveza, vinos y licores. La tercera más grande en Estados Unidos. Es distribuidora de las marcas de grupo modelo en aquel país, la cual debido a sus planes de expansión desde hace unos años comenzó un proceso de inversión y compras en México.

Por tal motivo en 2016 se anunció el proyecto para construir una planta en la ciudad de Mexicali debido a su ubicación estratégica en materia de distribución. Este proyecto representaría una inversión de 1’500 MDD y la creación de hasta 4 MIL empleos durante la etapa de construcción y 750 empleos permanentes para la gente de Mexicali.

EL AGUA EN DISCORDIA

La construcción de la planta inicio en el año 2017 en la administración del exgobernador Francisco “Kiko” Vega. La empresa manifestó en todo momento cumplir con los procesos de obtención de permisos y licencias correspondientes además de haber realizado un estudio independiente para determinar el posible impacto ambiental con la puesta en marcha de la planta.

Constellation se comprometió a que en su pico más alto de producción utilizaría solo el 0.3% del volumen total de agua disponible para todo el valle de Mexicali en un año.

“Existen estudios científicos independientes conducidos por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y El Colegio de la Frontera Norte (Colef), que avalan la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto y validan que éste no supone riesgo alguno para la disponibilidad de agua”. Apuntó Constellation en uno de sus comunicados.

Sin embargo, el pasado 25 de marzo, el Presidente en conferencia matutina refirió que en la construcción de la planta de Constellation, hubo corrupción e influyentismo.

Nada más es cuestión de pensar: “¿Cómo dar un permiso para construir una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua?”, criticó el Presidente.

Sucede que, en 2019, un estudio técnico del Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) sobre los requerimientos de la planta, reveló que el volumen de agua necesario para la operación era mucho mayor que el reportado. Lo declarado por la empresa contempla solo el agua necesaria para la materia prima, sin considerar otras etapas del proceso productivo como (vapor y limpieza)

Además de ello, existen inconsistencias en documentos técnicos referentes al terreno que compró la empresa al gobierno estatal para la construcción de la obra.

Por su parte, el rechazo social al proyecto también se hizo presente. Agricultores de la región se confrontaron con las fuerzas armadas, organizando protestas y bloqueos en la zona. Demandaban que las obras aledañas, como la construcción de un ducto de 47 kilómetros, que llevaría agua del Río Colorado hasta el sur de Mexicali, causaría graves afectaciones en el suministro del vital líquido en sus tierras.

A principios de este año, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) llevó a cabo una reunión con autoridades ambientales federales, estatales y municipales, legisladores, cuerpo técnico y científico, así como representantes de Constellation. El objetivo, exponer la situación hídrica de la zona. Tanto el gobierno como la empresa defendieron sus posturas.

En el mes de febrero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por presunta “violación al derecho humano al agua, derivada de la construcción y operación de planta cervecera”. Haciendo mención que la consulta ciudadana no era una solución, pues “los derechos humanos no se someten a consulta, sino que se deben respetar”.

Con todo el antecedente prescrito, el Ejecutivo Federal el 03 de marzo convocó a la consulta que la Secretaría de Gobernación llamaría “Ejercicio Participativo”, ponga mucha atención en este término. Más adelante explicaremos por qué.

Tan solo 20 días después, Diana Álvarez, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, daría a conocer lo siguiente:

Lo anterior significa que de las 36 mil 781 personas que participaron en la encuesta, representan apenas el 4.6% del padrón electoral de Mexicali y solamente el 1.3% de todo el estado, según los datos de la autoridad electoral.

¿Debe la decisión de pocos influir en el beneficio de muchos?

Ante dichos resultados y la firme postura del Presidente de hacerlos valer cancelando la obra, las reacciones de los principales organismos del sector no se hicieron esperar. En sintonía, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestaron su rechazo ante la violación del marco legal vigente, puntualizando que se envía un mensaje negativo para la inversión nacional y extranjera.

MALAS NOTICIAS

Según lo establecido por el TLCAN (aún vigente) la cancelación de la obra de construcción de la planta constituyó un acto indirecto de expropiación.

En ese caso, para evitar controversias en tribunales internacionales el gobierno mexicano tendría que negociar una indemnización que logre resarcir el daño económico causado a la empresa. Según el artículo 10 del capítulo 11 del tratado.

No obstante, el Presidente López Obrador admitió que aún no conoce si el Gobierno federal tendrá que pagar una indemnización a Constellation Brands dado que apenas este martes 31 se reune con los representantes de la empresa. ¿Estará contemplando el gobierno federal el costo beneficio de una decisión como esta? En este supuesto, ¿No saldrá peor el remedio que la enfermedad?

Tal vez para estas alturas, amable lector, ya tendrá algunas preguntas que quisiera despejar. Esperamos cumplir con ese objetivo. Antes, un último dato que necesita saber.

Este asunto trae su historia. El colectivo Plebiscito por el Agua de Baja California entregó al Instituto Estatal Electoral de la entidad una solicitud de Plebiscito para consultar a la ciudadanía la construcción de la planta.

En pocas palabras un Plebiscito es una consulta pública, para preguntarle a la ciudadanía acerca de una decisión ya tomada o por tomar por el Poder Ejecutivo Estatal.

La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California indica que los interesados deben presentar la solicitud ante el Instituto y la respalden con 13 mil 829. Los solicitantes consiguieron 16 mil 857 firmas de respaldo, por lo que la solicitud fue admitida.

Sin embargo, el Instituto Electoral después de analizar el caso lo determinó como intrascendente para la vida pública del Estado y lo declaró como improcedente.

Posteriormente el asunto se judicializó y los promotores del Plebiscito al no verse favorecidos agotaron todas las instancias del Sistema Judicial Mexicano. Así lo indica el propio comunicado de Constellation Brands del día 29 de mayo de 2019 “… la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de votos determinó desechar el recurso de reconsideración presentado por los solicitantes del plebiscito. Dicha sentencia es definitiva y firme, lo que significa que ya no podrá ser recurrida ante alguna otra instancia jurisdiccional del Estado Mexicano.”

Entendemos claramente que el tema es de índole local y que agotadas todas las instancias no había nada más que hacer. El hecho que el Ejecutivo Federal promoviera una “Consulta” es a todas luces un acto de intromisión que atenta contra la división de poderes y el principio de pesos y contrapesos que previene precisamente que la voluntad del Ejecutivo sea la última palabra.

La Ley Federal de Consulta Popular estipula lo siguiente:

Artículo 4. La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

Artículo 6. Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos tales como:

  1. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y
  2. Que impacten en una parte significativa de la población

Se desprende de lo anterior que el asunto de la construcción de la planta de Constellation no es tema que atañe a la consulta popular al no repercutir en la mayor parte del territorio nacional.

Por lo consiguiente el Ejecutivo Federal no podía llevar a cabo una consulta y efectivamente no lo hizo, antes bien organizó el “Ejercicio Participativo”, mecanismo que no existe en la Ley Federal de Consulta Popular. No es más que el aprovechamiento de la imprecisión de nuestro marco jurídico. Una vaguedad dentro de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Este es todo el argumento del gobierno federal, la promoción de la participación ciudadana.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia; fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral; facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática;

Esta es la trampa del Presidente. Concluimos que la acción de gobierno, llamada “Ejercicio Participativo” es legal, pero no legitima. Defiende su legalidad porque se encuadra pobremente dentro de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, pero carece de legitimidad por dos principales razones. Primero, como en tiempos del partido hegemónico el gobierno fungió como juez y parte del proceso, restando credibilidad a la votación. Segundo. No se contó con el consenso y la aprobación de la mayoría de los habitantes de Mexicali.

En consecuencia, la decisión del Poder Ejecutivo de revocar los permisos ya obtenidos por Constellation Brands y de esa manera interrumpir la puesta en marcha de la planta, representa un serio golpe en detrimento del marco jurídico del Estado Mexicano ya que, con una acción de gobierno como esta, se contraviene al mismo Estado Mexicano en resoluciones anteriores.

Advierta querido lector que el “Ejercicio Participativo” no es un mecanismo dotado de facultades para vincular su votación con una decisión de gobierno. Además, que claramente no fue lo suficientemente representativa del sentir de los habitantes de Baja California. Hablando claro el Ejecutivo se saltó las trancas.

Nos queda la impresión que el Presidente quiere tener la última palabra en todos o en la mayoría de los asuntos que el propio sistema le permita, imponiendo su visión de las cosas y por ende su voluntad por encima de los posibles beneficios para los demás. Quedará para el análisis si ¿Aún con los antecedentes de influyentismo y corrupción, que están pendiente de comprobarse, es prudente, cerrarle la puerta a la inversión extranjera y la generación de empleos que tanta falta nos hacen?

Con tal de no “ahuyentar” la inversión era posible, mediante mecanismos alternos como las asociaciones público privadas, comprometer a la empresa con recursos para la construcción de la planta desalinizadora de Rosarito. Resarciendo así el posible impacto ambiental al sistema hídrico del valle. Alternativas existen, únicamente hay que explorarlas.

La gran paradoja de todo esto es que, las consultas se pensaron con la finalidad de escuchar a los ciudadanos, atender sus necesidades, que las políticas públicas implementadas por los gobiernos estuviesen vinculadas con las demandas de la sociedad; sin embargo, con consultas o sin ellas, ¡SIEMPRE salimos perdiendo!

*Texto por Ramón Leyva, politólogo, maestro en políticas públicas y tiene un canal de Youtube de análisis político: Marcando La Pauta.

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