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Política y seguridad

La derrota moral del Estado (en 96 horas)

Esta semana mientras Alfonso Durazo presentaba los avances de seguridad en la Conferencia Matutina, en Aguililla, Michoacán, grupos armados, presuntamente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, emboscaban a un convoy de la policía estatal.

El resultado fueron 14 policías muertos y varios policías heridos.

Este hecho parecería ser un “accidente”, pero horas después del enfrentamiento se filtró la noticia que en días anteriores, al interceptar señales de radiocomunicación, un grupo de policías estatales logró salvarse de una emboscada similar.

Ante esta nueva información surgen varias dudas:

1) ¿Quién dio la orden de ir a Aguililla sin los elementos suficientes para hacer frente a una potencial emboscada? En este sentido, circulan audios de los policías heridos en los hechos donde le reclaman a uno de sus superiores que no está presente ni mandan refuerzos.

2) ¿Cómo recuperar la confianza de los policías en las autoridades estatales constitucionalmente electas y cómo comunicarle a la población que la situación no está descontrolada y que el crimen no quedará impune? La decisión de no apoyar a los familiares de los policías asesinados conlleva al deterioro de la moral de los policías estatales, por lo tanto a un bajo reclutamiento de esa fuerza y por ende a una percepción que sin el apoyo del Gobierno Federal, la población queda expuesta ante los grupos del crimen organizado.

3) ¿Qué han hecho los estados en materia de formación policial para cumplir con las tareas de seguridad? Desde la decisión de utilizar a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública los gobiernos estatales entraron en la cómoda dinámica de no hacer algo en materia de seguridad, dejándolo todo al Gobierno Federal. Salvo honrosas excepciones como Nuevo León y la Fuerza Civil, quienes lograron, en medida de lo posible, crear una fuerza permanente de seguridad pública. Cabe mencionar que la colaboración de los empresarios fue fundamental para la creación de esta fuerza de seguridad. El dinero no ha dejado de fluir en materia de seguridad, pero que se ha hecho con él ha sido el punto clave.

En este mismo tenor, el martes en el estado de Guerrero sucedió otro enfrentamiento, esta vez entre militares y aproximadamente 22 civiles armados. El resultado, fue diametralmente opuesto al de Michoacán, 14 civiles murieron y lamentablemente un militar perdió la vida. Con cada muerte de algún integrante de las Fuerzas Armadas, también se mina su moral, porque mientras los militares son juzgados y sojuzgados por las autoridades civiles en casos de presuntas violaciones de derechos humanos, los mismos jueces y ministerios públicos liberan a los delincuentes y sus crímenes quedan impunes.

Por último, el punto crítico en materia de seguridad para el “nuevo gobierno” sucedió la tarde y la noche de ayer en Culiacán. Ante la detención de uno de los hijos del Chapo se desató una serie de bloqueos y balaceras en distintos puntos de la ciudad, incluso la liberación de más de 20 reos. Al tiempo de estas acciones, circulaban videos de gente corriendo con niños en brazos, bajándose de sus coches para ponerse pecho tierra y gente orando dentro de supermercados antes la detonación de las balas. No quiero mencionar los videos de los sicarios armados, porque eso merece una explicación aparte.

Un punto importante a señalar es que en uno de los audios, presuntos integrantes del Cártel del Pacífico reclaman a un funcionario del Ejército que suelte a Ovidio y las cosas estarán en calma, o de lo contrario tomaría represalias yendo a atacar el conjunto habitacional donde residen los militares y sus familias.

Todo esto se difundió por redes y no hubo autoridad que saliera a dar información. Tímidamente el gobierno del estado salió, 4 o 5 horas después, a dar declaraciones a medias. Y un par de horas más tarde el Secretario de Seguridad federal y el gabinete de seguridad aparecieron en un video dando una muy escueta explicación de lo sucedido.

Ante esta opacidad en la comunicación nos fuimos a dormir con la sensación de un estado fallido.

Hasta hoy en la mañana (viernes) se supo lo acontecido y el Presidente declaró que el valoró más la vida de las personas inocentes que la captura de Ovidio, por lo que respaldó (¿?) la decisión de no presentarlo antes la autoridad correspondiente. Esta medida me parece la adecuada, pero la estrategia de comunicación volvió a fallar como en gobiernos anteriores ante la sociedad y el resto del mundo; el sabor amargo del ceder ante el chantaje del crimen organizado sigue.

La sociedad está ávida de resultados de la estrategia de seguridad pública del Gobierno Federal -misma que no ha mencionado- sólo con eso podría decirse que nivelaría el marcador.

Una parte fundamental podría ser la declaratoria de la mayoría de los cárteles de la droga como grupos terroristas, porque al menos, las acciones de ayer demostraron que sus acciones puedes catalogarse como tales. Este nuevo estatus limpiaría un poco la operación de ayer, al no poder preverse de manera adecuada la reacción de los criminales.

También hay que mejorar la comunicación entre todos los órdenes de gobierno y hacia la sociedad, sólo así se podrán comprender de mejor forma las decisiones tomadas.

Este es el punto de inflexión que mencionaba Alfonso Durazo el lunes por la mañana.

Texto escrito por Elim Ibarra, economista.

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